¿Hacia una nueva intervención judicial del PJ?
En el nuevo mapa político nacional, el PJ se está convirtiendo en una verdadera bomba de tiempo para Néstor Kirchner.
El Juez Federal Norberto Oyarbide avanza en la investigación de la mafia de los medicamentos, o sea, en la sobrefacturación, falsas compras y armado de expedientes de enfermos truchos.
Con la detención de Néstor Lorenzo, dueño de Droguería San Javier, deviene inevitable la citación de Horacio Capaccioli, el ex Superintendente de Servicios de Salud y recaudador de la campaña presidencial del Frente para la Victoria en el 2007.
Una veintena de droguerías aparecen ahora investigadas por presuntos aportes a la campaña provenientes del lavado de dinero.
La lista la integran Seacamp, San Javier, Multipharma, Urbana, Global Paharmacy Service, Bristol Park S.A., All Medicine, Fidei Salud, Unifarma, Plaza, Del Plata, Centro Oncológico de Excelencia, Eglis, Fharmaz Group y Hospital Francés.
Nadie cree que realmente estas firmas hayan puesto plata en la campaña electoral.
La operatoria más corriente en la campaña habría sido que las droguerías mencionadas, todas deudoras de grandes favores a Capaccioli, firmaban como aportantes de sumas que, en realidad tendrían un origen todavía desconocido, pero seguramente imposible de blanquear.
Las hipótesis mencionan, obviamente, coimas por sobrefacturación de obras públicas y subsidios, fondos reservados y también valijas Antonini Wilson.
Una operación clásica de lavado en la que serían pocos los casos de aportes que resisten una auditoría.
Un expediente que quema
Lo cierto es que, a medida que Oyarbide va poniendo en evidencia la trama de la mafia de los medicamentos, el expediente que lleva la jueza electoral María Servini de Cubría sobre las irregularidades en los aportes a la campaña del Frente para la Victoria en el 2007 se vuelve cada vez más peligroso, ya que el PJ era el partido central de ese frente.
A esto se suma que la nueva mayoría opositora en diputados va a poner en marcha una comisión investigadora de la corrupción K.
Entre los objetivos que ya figuran en los borradores de la futura comisión está el lavado de fondos de la campaña CFK 2007.
Mientras tanto, la Justicia Electoral sigue sin aprobar los informes de cuentas del Frente para la Victoria del 2007 por la catarata de irregularidades en los aportes, que la investigación de Oyarbide está confirmando.
A dos años de la campaña, este expediente que tramita Servini tiene potencialmente un enorme efecto político.
Kirchner y el PJ no se llevan bien
Los desencuentros entre Kirchner y el PJ son una historia aparte.
Aquél no quiso hacerse cargo de la conducción partidaria cuando era presidente, porque se veía como líder de la transversalidad.
Los primeros coletazos de la crisis económica le hicieron entender que tenía que refugiarse en al aparato peronista y, recién a mediados del año pasado, se hizo cargo de la presidencia del partido.
Un año después, se alejó simulando una renuncia que nunca presentó, para evitar el castigo por su derrota el 28 de Junio.
Después, Kirchner trabajó incesamente para reconstruir su poder.
El operativo clamor diseñado incluía su asunción como diputado primero y luego la apoteosis final de su retorno a la conducción partidaria.
Pero el plan se desmoronó la semana pasada con la aparición de la mayoría opositora en Diputados.
Para Kirchner reasumir ahora la presidencia del PJ le significa doble riesgo:
que el peronismo disidente se regodee exigiendo su renuncia luego de su derrota en el Congreso.
Y, tal vez lo más grave, que la reactivación del hibernado Consejo Nacional del PJ acelere el estallido del expediente sobre el lavado de la campaña 2007.
Lo que menos quiere Kirchner es tener que explicar los manejos financieros de las campañas electorales.
Más bien piensa en que las culpas las carguen Capaccioli y su jefe, el ahora transparente opositor Alberto Fernández.
Final abierto
En síntesis, el PJ sigue congelado y se acumulan cuestiones.
Por ejemplo, el congreso partidario no hizo su reunión anual, como establece el artículo 20 de la carta orgánica.
La situación puede pasar del freezer al recalentamiento a partir de febrero-marzo.
La investigación de Servini sobre los fondos de campaña del FPV puede tener definiciones a la brevedad.
En el círculo áulico de Olivos y también en la justicia electoral empieza a mencionarse la posibilidad de que la encrucijada termine en una nueva intervención judicial del PJ, fundada en las irregularidades de los aportes de campaña.
Aparentemente perjudicado, en realidad, Kirchner quedaría aliviado de tener que poner la cara en una situación inmanejable.
Por otra parte, la gravedad del problema justificaría plenamente la medida.
Según las pretensiones de los operadores de Olivos, la intervención judicial del PJ nacional hasta podría servir como un llamado de atención a varios gobernadores que piensan en abrirse de Kirchner, porque sus distritos también podrían terminar intervenidos.
Yendo más lejos, la futura interna abierta no sería igual si el peronismo estuviera a cargo de un interventor judicial.
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