PODER, ENRIQUECIMIENTO E IMPUNIDAD

Es necesario que la justicia federal realice una investigación en serio sobre el inaudito aumento patrimonial de los Kirchner.

El vertiginoso aumento de la fortuna del matrimonio Kirchner, además de haber dado origen a cuatro investigaciones en la justicia federal, se ha convertido en un escándalo que también crece vertiginosamente.

Durante el último año, el patrimonio de los Kirchner aumentó un 158 por ciento, y desde su arribo al gobierno, en 2003, el incremento ha sido del 572 por ciento.

Ahora, como informó LA NACION, se supo que la Oficina Anticorrupción habría presentado al juez federal Norberto Oyarbide, el magistrado que investiga la última declaración jurada de bienes, un informe que indicaría que los números de ésta no cerrarían.

A su vez, en un libro de reciente aparición, el periodista Luis Majul sostuvo que personal de la AFIP, cuyo titular es el kirchnerista Ricardo Echegaray, viajó a Santa Cruz a entrevistar en su oficina al contador de Néstor Kirchner para corregir presuntas incongruencias entre su declaración jurada y las de varios de sus allegados, como Lázaro Báez y Rudy Ulloa.

Es que, según esa información, estos personajes habrían declarado mantener deudas con Néstor Kirchner que totalizarían unos 13 millones de pesos, pero éstas no habrían aparecido como créditos a cobrar en la declaración del ex presidente y actual diputado electo.

Sobre la base de los datos de Majul, el abogado Ricardo Monner Sans, autor de una anterior denuncia sobre el presunto enriquecimiento de los Kirchner, realizó una nueva presentación, que recayó en la jueza federal María Servini de Cubría.

Oyarbide encargó a los peritos contables de la Corte Suprema un peritaje sobre la declaración jurada de bienes, pero al mismo tiempo recibió de Alfredo Popritkin, ex perito contable del máximo tribunal y presidente de una ONG, un estudio sobre los inmuebles del matrimonio que revela que sus locales, valuados en metros cuadrados, tuvieron desde 2003 un crecimiento promedio de 3200 por ciento.

El aumento patrimonial logrado por el matrimonio Kirchner durante el año pasado habría sido posible por movimientos de compras y ventas, y por desusados alquileres cobrados.

De ese registro patrimonial se infiere la actividad realizada desde el poder para obtener, en beneficio personal, condiciones totalmente fuera del curso normal de los negocios.

Tal es el caso de los inexplicablemente elevados alquileres recibidos por dos hoteles en la ciudad de El Calafate.

Sólo la compulsión implícita de un presidente sobre una importante empresa contratista del Estado, y no la renta de la operación hotelera, podrían explicarlo.

De igual forma resulta imposible fundamentar el monto de los abultados intereses obtenidos por los depósitos bancarios a plazo fijo de los contribuyentes involucrados en el caso.

Pero las ganancias patrimoniales más notables surgen de las operaciones de compraventa de inmuebles y terrenos.

Durante 2008, el matrimonio gobernante vendió 16 inmuebles en Santa Cruz por un monto de 14,5 millones de pesos.

La operación más notable resultó ser la venta de un terreno de 20.095 metros cuadrados en 6.300.000 pesos.

Menos de dos años atrás, ese inmueble había sido adquirido en apenas 132.079 pesos.

Se trató de la compra de tierras fiscales, a un muy bajo precio, a la intendencia de El Calafate, que también había favorecido en su momento a otros funcionarios locales y a parientes de la familia Kirchner.

El tiempo pasa, las denuncias se acumulan y, cuando no procede al archivo o al sobreseimiento de los expedientes, la Justicia se demora.

El juez federal Rodolfo Canicoba Corral ha archivado una denuncia sobre la evolución de la riqueza de los Kirchner en 2007 que, llegado el caso, puede reanudarse.

Su colega Julián Ercolini ya los sobreseyó por el crecimiento de su patrimonio hasta 2005.

Es de esperar, además, que ante las fundadas sospechas del enriquecimiento ilícito de quienes gobiernan la Argentina desde 2003, Oyarbide no se limite a investigar si la declaración jurada guarda las formas, y estudie en profundidad los bienes, su origen y su conformación.

Por extraño que parezca, lo ocurrido con los casos que terminaron en rápido sobreseimiento o en archivo lleva a plantearse si es conveniente realizar este tipo de denuncias mientras los denunciados se encuentran en el poder, puesto que un sobreseimiento firme impide a futuro cualquier nueva investigación sobre el mismo hecho.

Quizá sea más conveniente aguardar un recambio presidencial para que los jueces federales, como ha ocurrido con otros sonados escándalos, se animen a investigar.

Nos referimos, por supuesto, a las denuncias de particulares, porque es sabido que hace años que los fiscales federales no intervienen de oficio.

La sociedad argentina está corroída por la malsana sensación de que el poder otorga impunidad.

Muchas veces esa percepción se ha visto ratificada por los hechos.

En el pasado reciente se volvió habitual que altos funcionarios aprovecharan -y, en ocasiones, estimularan- denuncias por enriquecimiento ilícito en su contra, para que las causas abiertas a partir de ellas se cerraran con velocidad mientras se hallaban en el ejercicio del poder.

Sería lamentable que esas maniobras se repitieran ahora.