Ante la inminente crisis, Garré y Verbitsky echan a los generales sospechosos
Se profundiza la persecución política en las Fuerzas Armadas.
Crece en el Ejército el malestar por el pase a retiro de dos generales en actividad, lo que genera una situación inédita para la fuerza desde la vuelta de la democracia, como es retirar a oficiales superiores por persecución política.
Antes de asumir los Kirchner, era común ver retiros y aun arrestos por oposición a juicios por supuestas violaciones de los derechos humanos, por no reprimir asonadas carapintadas o por discrepar con la autocrítica del general Martín Balza cuando era Jefe del estado Mayor.
Pero con Néstor Kirchner cambiaron las cosas, al comprar éste el paquete que le vendió Horacio Verbitsky, con la anulación de las leyes de obediencia debida y el punto final e ir por la cabeza de más de 600 oficiales que cumplieron servicios en el proceso.
Entre a ellos, se detuvo a brillantes oficiales en actividad y tal vez el caso más destacado sea el del coronel Horacio Losito.
Ahora la paranoia oficial se descargó sobre el general Hernán Prieto Alemandi, futuro jefe de las tropas de paz en Chipre.
Este destacado oficial, número 2 de la promoción 106, fue secretario del Teniente General Martín Balza y ocupó altos destinos en los últimos años.
Se lo acusa ahora de tener una reunión con el vicepresidente Julio Cobos, hecho que no puede ser considerado como una falta y menos grave.
Pero además, a este delito de lesa humanidad de reunirse con Lucifer se le agrega el haber discrepado con la decisión ministerial de no ascender a distinguidos oficiales por portación de apellido militar.
Giacosa
El otro caso, aun más impactante, es el pase a retiro del General Héctor Gustavo Giacosa ex edecán de Néstor Kirchner por varios años, ascendido a general por este gobierno y nombrado jefe de la XI Brigada Mecanizada de Río Gallegos, que fue mandado a su casa, acusado de no movilizar el voto militar y de fuerzas de seguridad de la provincia de Santa Cruz, donde el kirchnerismo perdió por unos 1500 votos.
Kirchner le había ordenado a Giacosa que juntara el voto militar contra el radical Eduardo Costa, que ganó la intendencia con esos votos de militares y fuerzas de seguridad.
Este último caso es un capricho de Kirchner por su pago chico y su "lugar en el mundo" para Cristina.
En los demás casos, tanto en el Ejército como en las otras fuerzas armadas, el control de las mismas lo ejerce Horacio Verbitsky.
Éste fue agente de inteligencia del Ejército durante el gobierno de Juan Carlos Onganía y de la Fuerza Aérea en el Proceso de Reorganización Nacional, contratado por el entonces joven brigadier Basilio Lami Dozo por recomendación del "cadete" Juan José Güiraldes, quien lo introdujo como delator de los montoneros.
Verbitsky maneja como quiere a la "gorda Garré", que tiene dos registros del automotor otorgados por el gobierno de Menem.
Una vez que consiguió estos regalos, se pasó al bordonismo, luego al chachismo y, cuando Álvarez renunció a la vicepresidencia, se quedó en el gobierno de la Alianza, en la Unidad Investigadora de la Amia, de donde fue echada por hablar disparates.
Su expulsión fue un pedido de las instituciones de la colectividad judía.
Así es que Verbitsky y Garré, de sospechosas actuaciones durante el proceso, andaban vivitos y coleando por las calles de Buenos Aires entre el 76 y el 83.
Ahora lideran la KGB del Stalin criollo, imitador del original que admira Diana Conti.
Para cumplir su misión, montaron un Veraz de las Fuerzas Armadas y recientemente firmaron un convenio con el ex Ministro del interior de Héctor Cámpora, que le entregó arsenales policiales a los Montoneros días antes de la masacre del 20 de junio del 73, el actual Procurador General de la Nación, Esteban Righi.
Por este convenio, la K.G.B. del Ministerio de Defensa tiene acceso directo a los expedientes judiciales que involucran a militares.
Con tal de que no lo molesten y de que mantengan entretenida a la izquierda, Kirchner los deja hacer lo que quieran.
La mesa chica de los comisarios políticos se extiende a Estela de Carlotto y Hebe de Bonafini, administradoras e inversoras de los cuantiosos fondos destinados por el Estado a los organismos de derechos humanos.
Guillermo Cherashny
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